El mensaje que nos ha dejado la aparición de los bolsos es elocuente. Esos casi 9.000.000 de dólares que el ex secretario de Obras Públicas, José López, intentó esconder en un convento bonaerense, son fondos de la corrupción que deben volver a la ciudadanía. Es un mandato social: tenemos no sólo que llevar tras las rejas a quienes nos han robado desde el Estado, sino que debemos recuperar los activos que se llevaron, pues caso contrario, perderemos la oportunidad de reparación histórica que nos ha otorgado este momento a quienes tenemos responsabilidades públicas.
Es nuestro deber avanzar en el Congreso de la Nación con una serie de reformas al sistema Judicial para proveer de mecanismos que permitan el regreso de los recursos sustraídos espuriamente a las arcas públicas, en simultáneo con la impartición de las penas correspondientes a quienes perpetraron estos delitos.
Baez, López, Kirchner. Las acusaciones que pesan sobre ellos, las condenas sociales que caen sobre sus hombros, son expresiones indicadoras de un cambio en la demanda ciudadana hacia la dirigencia política y constituyen un signo de los tiempos. La política sin decencia es basura.
En 1983, Raúl Alfonsín sintonizó cabalmente la necesidad histórica que manaba de la ciudadanía, y promovió una síntesis programática bajo el emblema: “Con la democracia se come, se educa y se cura”. En este 2016 de ex funcionarios multimillonarios, que esconden bolsos, bóvedas, dinero, joyas y propiedades presuntamente mal habidos, debemos hacernos eco de los reclamos de la sociedad, y construir esa democracia que alimenta, sana e instruye, pero también imparte justicia ecuánime y recupera lo robado para devolverlo a sus verdaderos dueños: los ciudadanos.
Estamos ante un fenómeno histórico. No sin trauma, la Argentina está reabriendo el camino de la institucionalidad como garante esencial de la democracia. Las instituciones son las únicas capaces de reparar los daños sociales y poner fin a la discrecionalidad del populismo, y a sus bolsones de corrupción. Pero para que puedan hacerlo, debemos darles herramientas.
Desde mi banca en el Congreso de la Nación me he ocupado de esto. Busco que la Justicia pueda recuperar los fondos y propiedades de la corrupción pública, estimadas en más de 200.000 millones de dólares, y pueda reabrir los procesos judiciales contra los más de 1000 funcionarios que tienen causas abiertas por la presunta comisión de delitos en cumplimiento de sus deberes.
He presentado un paquete de iniciativas legislativas, que ya tienen estado parlamentario, para que los recursos públicos que fueron desviados regresen a las arcas del Estado y que aquellos que cometieron delitos en la administración de los recursos públicos y fueron absueltos irregularmente vuelvan a dar explicaciones ante los Tribunales.
Estas iniciativas están sintetizadas en los proyectos para avanzar con la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la instalación de la cosa juzgada irrita, la modificación del régimen de subrogancias, la extinción de dominio, el decomiso y el recupero de activos.
Este conjunto de leyes persigue dos objetivos claros: primero recuperar los fondos y activos sustraídos por la corrupción pública con la ley de extinción de dominio, la ley de recuperación de activos y la ley de decomiso. Y segundo, recuperar la autonomía e idoneidad de la Justicia con la ley de subrogancias, volver a llevar a los tribunales a los funcionarios que fueron absueltos con irregularidades con la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y la cosa juzgada írrita.
La historia nos está pidiendo acciones. No podemos darnos el lujo de no escucharla, si queremos cambiar.
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